Casi la totalidad de las Administraciones Públicas deben cumplir las normativas de protección de datos, ya que manejan datos personales de ciudadanos, asociados, trabajadores, usuarios web, etc.

No importa si son muchos o pocos datos, si los datos son únicamente de contacto, desde qué lugar o cómo se traten: si existe algún tratamiento, existe la obligación, por ley.

Llevamos desde 2013 depurando nuestro sistema de trabajo para conseguir la mejor documentación y la mejor protección posible para nuestros clientes y colaboradores a un precio asequible. Pero, aunque sea asequible, incluye sencillamente TODO lo necesario para un correcto y completo cumplimiento del RGPD y la LOPD-GDD.

Además, por si nos equivocamos, contamos con seguro de RC específico de protección de datos y cyberataques, que cubrirá la sanción. De momento, no hemos tenido que dar ni un solo parte.

Las páginas web y tiendas online (incluyendo también blogs, marketplaces, plataformas, aplicativos web…), además de la LOPD-GDD y el RGPD, deben cumplir también la LSSICE y, si hay pagos online, la “Ley de Defensa del Consumidor” (LGDCU).

Deben tener unos textos legales (por supuesto, adaptados a la Administración correspondiente): aviso legal, política de privacidad y de cookies, condiciones de uso y, si procede, de contratación. Pero deben también un aviso de cookies (y bloqueo si son analíticas), una primera capa informativa en los formularios, checks de aceptación, etc.

Nuestro servicio incluye la redacción de los textos, y el asesoramiento para una completa implementación de TODO lo necesario. Y, si no existe contrato con informático/a, la implementación podrá realizarla nuestro propio equipo técnico. Cero complicaciones.

El tiempo de análisis de riesgos y de redacción y entrega de la documentación depende de la dificultad del proyecto, pero en general suele ser inferior a 10 días, salvo en caso de Organismos que, por sus características, puedan requerir algo más de tiempo. Por ejemplo, un Ayuntamiento con un censo abundante suele prestar más servicios públicos, por lo que el Registro de Tratamientos será más amplio, habrá más personal, etc.

Consultadnos y os propondremos un plan de plazos de entrega presonalizado.

Tras el proceso de redacción y la necesaria revisión por parte de nuestros/as asesores/as, pondremos la documentación a disposición de las personas designadas en el área privada de nuestra web. Los documentos serán personalizados con los datos del Organismo (no son modelos para rellenar), independientes (cláusulas, contratos, textos web, etc.) y descargables desde cualquier lugar o dispositivo.

Los Delegados de Protección de Datos (DPD), como también las Evaluaciones de Impacto (EIPD), son figuras que nacen con el RGPD solo para determinados casos, que vienen tasados en la LOPD-GDD. Entre los supuestos en que habrá de designarse un DPD se encuentra el de que “el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público”, tanto en calidad de responsable como en funciones de encargado de tratamiento (art. 37.1.a RGPD). Por tanto, salvo algunas excepciones, sí será necesario contar con un DPD en el caso de Organismos Públicos.

Si existen dudas, consultadnos. Os asesoramos sobre su obligatoriedad o conveniencia, pero nunca obligaremos a contratar el servicio si no es necesario.

Dentro de nuestros planes de expansión se encuentra la posibilidad de realizar trabajos presenciales, es decir, en las propias instalaciones del cliente, si bien es cierto que el COVID-19 ha dificultado esta posibilidad. En cualquier caso, sí, será posible una adaptación presencial en las provincias en las que tengamos presencia física.

Hay que tener en cuenta que las adaptaciones presenciales no son necesarias como tal, y son sustancialmente más caras, debido a los desplazamientos del asesor/a, más tiempo dedicado al proyecto, etc.